
Chilpancingo, Gro., 13 de noviembre de 2026.- Autoridades y consejeros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) exigieron el retiro inmediato del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional de sus territorios en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, al considerar que su presencia no garantiza la seguridad de las comunidades indígenas.
El pronunciamiento fue dado a conocer el jueves 12 de noviembre durante una reunión de representantes de 12 pueblos del territorio comunitario en la localidad de AlcozacanBuenavista, municipio de Chilapa.
Al encuentro asistieron alrededor de 400 habitantes de Alcozacán, Buenavista, Acahuehuetlán, Tula, Nuevo Amanecer, Xochitempa, Los Pinos, Rincón de Chautla, Zacapexco, Ayahualtempa y Amatitlán.
La reunión fue transmitida en Facebook por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Durante el encuentro se dio lectura a los acuerdos de distintas asambleas comunitarias.
En sus resolutivos, la CRAC-PC-PF demandó a los tres órdenes de gobierno respeto a las acciones de seguridad que emprenderá la Policía Comunitaria, entre ellas recorridos y labores de vigilancia para proteger la vida de los habitantes.
Los representantes aclararon que solicitan coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, pero no subordinación, al señalar que los pueblos cuentan con sus propios sistemas de seguridad y justicia.
Asimismo, informaron que sus policías comunitarios portarán identificaciones expedidas por las asambleas y utilizarán armas de bajo calibre, conforme a los acuerdos de la organización.
En el pronunciamiento, la CRAC-PC-PF acusó a las corporaciones federales de no actuar contra el grupo criminal Los Ardillos, al que señalan de acechar a las comunidades desde 2015.
También denunció que la presencia de las corporaciones en su territorio, en lugar de protegerlos, se ha traducido en hostigamiento, robos y detenciones.
La organización señaló como uno de los hechos que motivaron el pronunciamiento el asesinato de Juan Francisco Chino Díaz, integrante de la CRAC-PC-PF, cuyo cuerpo fue localizado el 30 de octubre a un costado de la carretera entre Xicotlán y Alcozacán, a unos 200 metros de una posición de seguridad del Ejército y la Guardia Nacional.
La CRAC-PC-PF atribuyó el homicidio a presuntos integrantes de Los Ardillos y cuestionó que el crimen haya ocurrido cerca de un punto de vigilancia federal.
Los representantes también recordaron los ataques registrados del 6 al 11 de mayo contra pobladores de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, y señalaron la intervención más reciente del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía en territorio comunitario, ocurrida el 28 de septiembre, cuando fue detenido Sixto Mendoza Limpia.
Entre sus demandas, la CRAC-PC-PF exigió la libertad inmediata e incondicional de Jesús Plácido Galindo y Sixto Mendoza Limpia, dirigentes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), quienes permanecen presos por delitos que la organización considera fabricados por la Fiscalía General del Estado.
También demandó la cancelación de las órdenes de aprehensión que, según la organización, superan las 60 y existen contra integrantes de la CRAC-PC-PF y de la Policía Comunitaria.
La reunión fue encabezada por los coordinadores Benjamín Sánchez Hernández, Felipa Marcelo de la Cruz, Francisco Cuapango Tepatitlán, Santiago Pablo Sal-azar y Salvador Ahuejote Pasado.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se había difundido una postura oficial del Gobierno federal, del Gobierno del Estado de Guerrero ni de la Secretaría de la Defensa Nacional respecto al pronunciamiento.





